España
sobre China; Argentina, Cuba y otros casos para polemizar
Hace tiempo que
la polémica emerge con sordina. No admite respuestas fáciles. Veamos: ¿Tiene
derecho el poder de un Estado para juzgar lo ocurrido en otra Nación? El dilema
no se resuelve ateniéndose a la descripción genérica del modo de gobierno de
tal o cual país; pues si nos adentramos en esa lógica, lo que es bueno para
uno, debería serlo para otro.
Es innegable: cuando se registraron los primeros avances, en los años
90, del juez hispano Baltasar Garzón sobre genocidas de nuestro país, la
satisfacción invadió a quienes denunciaban, con razón, la impunidad instalada
en un Poder Judicial local cómplice de la dictadura y además amparado por un
Poder Ejecutivo anhelante de barrer bajo la alfombra los delitos cometidos.
Sin embargo, surgieron voces de preocupación. La más notable fue la de Fidel
Castro: el legendario líder cubano indicó que ningún país tenía derecho a
entrometerse en la soberanía jurídica y política de otro. El criterio es
ostensible: por un lado, la aseveración directa es un argumento; por otro,
sabemos que para la “democracia” española resultan tan condenables la dictadura
en la Argentina… como la administración revolucionaria isleña.
Veamos entonces la información de actualidad para entender la dimensión del
problema. Fíjese lector: La Justicia española ordenó hoy la búsqueda y captura
del ex presidente de China, Jiang Zemin, y otros cuatro ex líderes de ese país,
por delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad en el Tíbet durante las
décadas de los 80 y 90.
De esta manera el juez cumple con el proceso establecido, ya que la sección
cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo instó en noviembre
pasado a que cursara las órdenes de detención de los cinco. El caso ya provocó
en noviembre una crisis diplomática entre los gobiernos chino y español;
Beijing había expresado su "profundo malestar", advirtiendo que
dañaría las relaciones bilaterales.
Esto genera otro conflicto para el Ejecutivo español, ya que el oficialista
Partido Popular (PP) busca impulsar en el Parlamento una reforma de la
jurisdicción universal que llevaría al archivo de la mayoría de las causas de
este tipo que están abiertas en la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia
Nacional española Ismael Moreno consideró a Jiang, de 87 años de edad, es
responsable de esos delitos por su papel de "autoridad de
supervisión" sobre quienes los cometieron directamente contra la población
tibetana, informó la agencia de noticias DPA.
"Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que
cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que lo hace
responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos
perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana", señala la
querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del
expresidente.
Además de la detención de Jiang, el juez ordenó, vía Interpol, la detención de
Li Peng, primer ministro chino a fines de los años 80 y principios de los 90;
Qiao Shi, ex jefe de la seguridad china y responsable de la policía; Chen
Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001;
y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80 del siglo XX.
Los cinco buscados se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los
respectivos autos en los que decreta su busca y captura y su orden
internacional de detención, informó por su parte la agencia de noticias EFE.
Las órdenes de detención de los ex dirigentes chinos, se producen un día antes
de que el Congreso de los Diputados español debata una proposición para
restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos
cometidos fuera del territorio nacional.
De aprobarse esta propuesta de ley, afectaría a este caso en el que la querella
fue interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y
el sherpa Thubten Wangchen, de nacionalidad española. Según la querella, que el
juez reproduce en los autos, Jiang, quien fue presidente de China entre 1993 y
2003, "sometió a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de
planificación familiar que incluían la práctica extendida de abortos y
esterilizaciones forzosas".
Hasta ahí la noticia. Pensemos: es claro que la carga conceptual humanitaria
refuerza el sentido de la determinación española, pero en modo alguno el
derecho de ponerse al hombro el conjunto de los crímenes acaecidos en el
planeta. Y resulta innegable que las acciones de China, contrastantes con
políticas centrales de la OTAN y los Estados Unidos, parecen contribuir al
marco político general que explica la enérgica decisión ibérica.
Energía que no ha mostrado la Justicia española a la hora de calibrar los
asesinatos del franquismo, por ejemplo, que a su vez están siendo ventilados en
la Argentina con la bandera -corroborable- de ciudadanos de nuestro país caídos
bajo ese régimen autoritario. Y ya que estamos en el terreno universal, energía
tampoco evidenciada para meter las narices en los crímenes cometidos por las
administraciones norteamericanas, republicanas y demócratas, contra naciones
del Medio Oriente, o en Guantánamo, sede mundial de las violaciones a los
derechos humanos.
En suma, un tema complicado. A quién se juzga, cuándo y por qué, y quién tiene
derecho a hacerlo. Repudiar los delitos no implica habilitar a poderes cuya
determinación está más cerca de lo político – económico que de una pasión por
la Justicia, a indagar la vida interior de países que poseen otros rumbos,
otras realidades geoestratégicas, otros valores y otros poderes judiciales. La
observación de Fidel, aunque duela a la hora de atisbar algunas situaciones
locales, se abre camino, más de una década después, con mucha potencia y
bastante verdad.
* Director La Señal Medios – Area Periodística Radio Gráfica