Por Gabriel Fernández *
Hace frío. Cae la noche y en los entretiempos de los partidos que transmiten los canales privados con inversión, tecnología y personal del Estado, campea la vulgaridad. Ya no hay humildes que narran sus experiencias cooperativas en las pantallas. Están Axion, Santander, HSBC, y por supuesto, kirchneristas contando dinero ante las cámaras. Hace mucho frío, en realidad, mientras se extiende la noche sobre el Sur de la ciudad. Da para prepararse unos mates, bajar el volumen (hay que pispear si pasa algo en el cotejo), y leer. Algo así, quizás. O por ahí, algo mejor.
JUSTICIA. Hay que leer los fundamentos del juez Claudio Bonadío para disponer el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Es una experiencia singular: todo el armado está destinado a señalar que, en tanto jefa del Poder Ejecutivo, era la responsable de la política económica durante su gobierno. La obviedad es presentada conspirativamente, con el objetivo de generar en los sempiternos crédulos, la expresión “ah, ¡la pescaron!”. Pero en ningún caso indica porqué una acción regulatoria tradicional en cualquier gobierno del mundo representaría delito.
Si la utilización mediática de un Poder Judicial orientado nítidamente por el poder económico político no fuera un elemento reconocido por la población, sería un escándalo. Por la resolución del juez en sí misma, pero también por el bastardeo de las herramientas judiciales al punto de suponer que basta con tejer hipótesis sin sustento para establecer un fallo que conmueve la institucionalidad argentina. Tal vez, en esa dirección, todo lo ocurrido en este período resulte –cual “beneficio secundario”- sostén de una conclusión contundente: en un eventual rearme de la democracia será imprescindible dar vuelta este esquema como una media.
El Poder Judicial es el rincón más oscuro de los poderes públicos en el país. Nadie debe presentar una plataforma, nadie necesita anunciar su rumbo, nadie es votado por el pueblo para ejercer cargos decisorios. Nadie debe dar explicaciones a fondo sobre sus actos. En combinación con la concentración mediática alocada y plena, un juez como Bonadío no tiene que responder en público una pregunta sencilla: ¿Por qué procesar a la ex presidenta por una acción de gobierno y no al actual presidente por ser titular de unas 15 firmas en paraísos fiscales destinadas a evadir impuestos y canalizar recursos ilegítimos?
MEDIOS. El enlace es evidente. Sin medios que ofendan continuamente la inteligencia de la opinión pública, estos manejos tendrían escasa relevancia. Usemos el mismo razonamiento claro para estudiar la cuestión desde la perspectiva comunicacional. En pantallas y en radios, personas adultas gritan “por favor, sean objetivos, admitan que son todos unos ladrones”. De fórmula, técnicamente, no hay modo de sostener esas frases, propias de charlas al voleo regadas por Gancia con soda en un bar, como aseveración periodística objetiva. Y sin embargo, están a la orden del día. Tanto en el caso de jueces como de periodistas involucrados, la sensación de impunidad está dada por el respaldo recibido.
Es un clásico de la novela negra: el pistolero, en situación de riesgo, se mira al espejo. Ha comprado ropa cara y tiene buen dinero en el bolsillo, fruto de su reciente desfalco. No le importa saberse rodeado; presupone que con esa imagen, con esos billetes, no será víctima de nada. Se siente seguro. Los jueces y los periodistas que han desplegado la campaña “contra la corrupción” en nuestra patria, ligada a la concretada en el vecino Brasil, untados por las grandes empresas para decir lo que sea en tanto y en cuanto perjudique al kirchnerismo en particular y el movimiento nacional y popular en general, se perciben inmunes a las responsabilidades de sus funciones.
Esos miembros del Poder Judicial no se preocupan por la insustancialidad de sus imputaciones. Esos periodistas no se alarman por la contradicción intrínseca de sus aseveraciones generales. Todos cuentan con la protección de las empresas que han tomado el Estado y colocado sus gerentes en puestos clave, por el grupo monopólico que no repara en inversiones fácilmente recuperables y multiplicadas. Y por la trama tejida en derredor de la Sociedad Interamericana de Prensa, destinada a prestigiar al emisor de la mentira lisa y llana, así como a damnificar el futuro profesional del designado como militante.
La labor periodística, durante largos años, incluyó el juego de matices. Sobre una línea editorial determinada, el medio inclinaba la interpretación, sobrevaloraba determinados aspectos. Orientaba al lector. Los años recientes vienen mostrando un desenfado notable: se dice que es negro aquello que resulta ostensiblemente blanco. Se ha dejado de lado el degradée que obligaba a asentarse en algún punto de la realidad, para pasar a afirmar contundentemente un concepto prefijado. Como lo hizo Bonadío en la resolución procesal.
CAMPAÑAS. Si por estas horas la “corrupción” configura el eje, a lo largo del tramo anterior la “inseguridad” resultó estelar. Quienes tuvimos acceso a datos certeros y corroborables padecimos la inquina por partida doble: los que desplegaban la campaña del temor nos dijeron cómplices de los criminales; quienes sostenían posiciones populares caracterizaron nuestra descripción como “negadora” de una verdad. Lo cierto es que la Argentina, el Uruguay y Cuba han sido, en la década reciente, los tres países más seguros del continente americano, y de los mejor ubicados, en ese rubro, a nivel planetario.
La cuestión de la seguridad es un buen ejemplo para adentrarse en el tema corrupción desde una perspectiva diferente. La determinación de plantearlo como el gran problema nacional estaba adoptada por las empresas, los medios y los políticos que necesitaban control social, desmovilización y delación horizontal. Cualquier precisión estadística resultaba refutada por la anécdota puntual de un robo o un asesinato realmente acaecidos. La confusión entre el suceso y el absoluto surgía evidente, pero no se lo podía ver.
Jamás señalamos un absurdo: nunca indicamos que no hubiera latrocinios o crímenes. Lo que es más, por estar involucrados en un espacio social que siempre vivió de su trabajo y se resistió a caer en la lumpenización de segmentos derivados pero no pertenecientes a la clase obrera, rechazamos la angelización del chorro o su visualización comprensiva como víctima. Si alguien roba a un trabajador, daña profundamente la situación económica de una familia que vive con lo justo, y lima además su propia conciencia. Lo único que indicábamos era la inexistencia de una “crisis de seguridad” como se propagandizaba sin argumento alguno desde las pantallas.
Así como en ese período (reciente pero verá lector, oculto por las brumas de otras noticias) el caso individual reproducido hasta el infinito se constituía en objeción de las cifras efectivas, en la actualidad el conocimiento de algún caso particular (Jaime, Baez) obtura cualquier consideración razonable sobre las proporciones del fenómeno. El acompañamiento de esos “ejemplos” por afirmaciones generales incomprobables (“sólo defienden los derechos humanos de los delincuentes” y ahora “los K son corruptos”) envuelve el debate y aplasta los intentos de analizar el problema de manera profunda y sincera.
Se hace preciso entonces, el emerger de medios nacional populares potentes que no se dejen llevar de las narices por las campañas de los grupos concentrados y tracen agendas bien situadas en relación a la actualidad, pero también de rebeldía en una opinión pública que hasta el presente ha sido irrespetada, tomada por imbécil, devaluada y conducida. Digámoslo: no se trata sólo de una responsabilidad mediática, sino también de derechos y obligaciones de la ciudadanía. La disparidad en las “culpas” es ostensible, pero no por ello vamos a dejar de señalar que cuando hablamos de “público” nos referimos a personas adultas, con los elementos básicos mentales de todo ser humano. Esto es, se le puede exigir una dosis de raciocinio.
EMPRESAS. En la República Argentina está comprobado que las zonas económicamente más poderosas han concentrado recursos correspondientes al conjunto de la sociedad, han evadido impuestos, fugado capitales y participado de actividades ilegales. En su conjunto, estos beneficios resultan descomunalmente superiores a los eventuales delitos de malversación de fondos de cualquier funcionario público. Y si, por las razones antedichas, condenamos estos últimos casos, el respeto a la propia inteligencia se niega a dejar de lado la diferencia entre la corrupción estructural de modelos de saqueo y el robo particularizado.
Pero es pertinente dar una nueva vuelta de tuerca a la cuestión, e ir a fondo. Como ha quedado evidenciado en las campañas mediáticas a lo largo de la historia, la furia es descargada sobre las gestiones beneficiosas para el conjunto social y proclives a alineamientos internacionales diferenciados de los postulados del Norte planetario. Y si rascamos un poco la superficie de la elegante precisión, hemos de indicar: se pretende demostrar que los negros con posiciones de poder son unos ladrones, mientras los empresarios son “señores” que aquilatan divisas gracias a sus inocultables talentos.
De Juancito Duarte a Lázaro Baez, el planteo no se ha modificado en demasía. Sin embargo, antes y después la Nación ha sufrido (y nuestro pueblo pagado colectivamente) acciones como la deuda contraída con la Baring Brothers, el Pacto Roca Runciman, la apertura sin condiciones al capital extranjero, la entrega del sistema financiero local a la banca mundial, la elevación estratosférica e innecesaria de la deuda externa, el megacanje y el blindaje, el aval a la importación industrial indiscriminada, el contrabando, la evasión, la fuga de divisas y el lavado de dinero proveniente del delito.
Todas esas actividades, y varias más, especialmente las represivas destinadas a controlar el descontento que han originado, fueron y son realizadas por sectores empresariales que rara vez aparecen en los diarios, en las radios o en las pantallas con imputaciones siquiera equivalentes a las que reciben los gobiernos y las vertientes que han contrastado con sus intereses. Es que el liberalismo es la demagogia. Frases como “la corrupción genera pobreza” no es más que una tautología emitida para zonzos que se niegan a pensar su presente y a escuchar la verdad. Es un equivalente a decir que Jorge Lanata es muy gordo porque se come lo que le corresponde a los pobres.
Este año, el frío llegó antes. Se habrá dado cuenta. Ahora, da para arreglar el mate. Y pensar.
* Director La Señal Medios / Area Periodística Radio Gráfica
